Los exdirigentes del Partido de la Revolución Institucional (PRI), María Dulce Sauri, Pedro Joaquín Codwell y Enrique Ochoa, acusaron al Tribunal Electoral del Poder Judicial de ser parte del “atraco” que Alejandro “Alito” Moreno busca concretar con su reelección en la dirigencia del partido.
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“Este domingo se consumaría la farsa. La reelección sería producto de una Asamblea Nacional ilegal, a partir de una reforma ilegal de los estatutos, y de un proceso de elección ilegal”, coincidieron los exdirigentes.
Asimismo, sostuvieron que la Asamblea Nacional tiene múltiples ilegalidades respecto a su ejecución, y es que el Reglamento para su organización no fue aprobado por el Consejo Político Nacional (CPN) como lo establecen los Estatutos en su art. 83.
¿Qué pensó @DulceSauri, presidenta del PRI entonces, cuando su partido perdió por primera vez la presidencia de México?
RESCATEMOS AL PRI DE MANOS DE ALITO: @DulceSauri, esta noche en en #LargoAliento.
22:00 hrs @canalcatorcemx y 00:00 hrs @CanalOnceTV pic.twitter.com/X3NUaGBTbg
— Sabina Berman (@sabinaberman) August 8, 2024
También, Sauri, Coldwell y Ochoa señalaron que, por primera vez en la historia del Partido Revolucionario Institucional, el dirigente se reelige “a puerta cerrada, sin propuestas, ni debate, ni proyecto de futuro y donde la militancia ha estado ausente.
“El PRI es un partido secuestrado por la ambición personal de Alejandro Moreno, alejado del buen desarrollo institucional del Partido”, lamentaron .
Además, los ex presidentes sostuvieron que la reelección de Alejandro Moreno afecta los principios de igualdad sustantiva y de paridad de género a la que está obligado el PRI, conforme a la Constitución en su art. 4 y a sus propios Estatutos, art. 173.
“El daño jurídico infligido el día de hoy al PRI se podrá reparar cuando el INE y el Tribunal Electoral anulen la Asamblea Nacional ilegal, así como todos los actos derivados de ella, como es la reelección de la dirigencia”, sostuvieron.
En tanto, a partir de la reforma ilegal reciente de los Estatutos, se ha eliminado a los Consejos Políticos Estatales de la elección del dirigente nacional, reduciendo así la participación de la militancia y también afectando la legitimidad de la elección, ya de por si devaluada.
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