La Unión Internacional de Abogados (UIA) emitió un pronunciamiento en el que presentó sus preocupaciones por la reforma al Poder Judicial en el país, entre las que destaca la premura para aprobarla por lo que podría violar tratados internacionales de derechos humanos de los que México es signatario.
En el documento la agrupación, -de la cual forman parte el Consejo General de la Abogacía Mexicana; el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México; la Barra Mexicana, Colegio de Abogados y la Asociación Nacional de Abogados de Empresa Colegio de Abogados-, señala que una reforma de tal envergadura requiere de un análisis profundo.
“Un análisis prematuro arriesga la toma de decisiones erróneas y costosas, amén de que podrían violar tratados internacionales de derechos humanos de los que México es signatario.
“Recordemos que tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) establecen el derecho de toda persona a recurrir ante tribunales competentes, independientes e imparciales”, indica el texto firmado por Jacqueline Scott, presidenta de la UIA.
Destacó que debe tomarse en cuenta que el derecho a tener un sistema judicial competente, independiente e imparcial es un derecho humano, y no un derecho de los que imparten justicia.
Cualquier reforma, abundó, debe partir de un análisis objetivo con visión social de cómo mejorar la imparcialidad, la competencia y la experiencia de los jueces y la independencia del sistema judicial.
“El objetivo debe ser mejorar las condiciones de vida de las personas y fomentar un entorno positivo para el desarrollo económico, lo contrario debilitaría el estado de Derecho en México, impactando así negativamente la competitividad económica de México, su sistema democrático y el equilibrio de poderes”, señala el documento.
Enfatiza que basar la reforma en motivaciones equivocadas aumentará la incertidumbre, la inestabilidad y la falta de confianza, no sólo en el sistema de justicia, sino también en los mercados económicos y financieros, con la consiguiente retirada de los inversores extranjeros y un dramático aumento de la impunidad, la desigualdad y la pobreza en México.
Sobre la propuesta de revisar todo el Poder Judicial Federal y local sin un esquema de gradualidad que garantice la continuidad en el funcionamiento de los órganos de justicia, la UIA menciona que las consecuencias de una interrupción en la función de impartición de justicia pueden ser profundas e irreversibles.
LDAV
