Para el presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México (INCAM), Arturo Pueblita, existen tres vías jurídicas que podrían frenar la reforma judicial aprobada este martes por la Cámara de Diputados.
La primera, explicó en entrevista con 24 HORAS, es que las personas que promovieron los primeros amparos informen de las violaciones que se hizo a la suspensión que impedía el debate de la reforma.
“De ahí puede derivar un tema de sanciones, multas… y que se ordene a los responsables que restituyan a los quejosos, es decir, que se dejen sin efecto los actos que hicieron”, explicó.
Esta violación, abundó Pueblita, implicaría que muna vez aprobada y publicada la reforma a la Constitución, ya sean personas u órganos facultados para ello, presenten una acción de inconstitucionalidad en contra.
El presidente del INCAM consideró que a pesar de no contar con el 33% de legisladores para hacerlo, como marca la ley, la oposición debe intentar este recurso jurídico.
Ya será la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) si decide aceptarlo o no.
Agregó que vale la pena intentar por parte de la oposición la acción de inconstitucionalidad porque existe una cuestión completamente irregular, no prevista en la Constitución, como es el hecho de que un grupo parlamentario tenga una mayor representación que imposibilita que los próximos tres años no se presente ninguna acción de inconstitucionalidad.
La tercera vía, apuntó Pueblita, es a través del juicio de amparo, que puedan promover cualquier persona, diputados, senadores, jueces, o cualquier ciudadano que alegue que esta reforma es inconstitucional.
“En este caso, de nueva cuenta, el juicio sería primero un juez del distrito, después un tribunal colegiado, y el asunto podría llegar a la Suprema Corte y se tendría que resolver la ilegalidad de esto”, expresó.
Alistan acciones
Al respecto, en caso del aval del Senado, la diputada federal Nadia Navarro (PRI) adelantó que el bloque de oposición impugnará la iniciativa ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo la figura de acción de inconstitucionalidad, originada por las violaciones legislativas, al no cumplirse con las condiciones idóneas para votarla, comenzando por el cambio de sede y pasar por alto el amparo federal.
“Ante la Corte presentaremos nuestra impugnación por ser una acción de inconstitucionalidad, por ser legal y presupuestalmente inviable. Al aprobarse, se están presentando fugas de inversiones extranjeras y se están violando compromisos internacionales, que obliga la existencia de tribunales autónomos y órganos jurisdiccionales”, aseveró.
