Cancún. – Si bien existe una buena comunicación entre el sector empresarial y la Secretaría de Seguridad Pública para la solución de ciertos delitos de su interés, como la extorsión, en “donde nunca se hace nada” es en la supervisión y eficientizarían de lo agentes del ministerio público, pese a que la impunidad imperante en Quintana Roo, donde quedan 99% de los delitos sin castigar, es el mayor reto en este rubro.
Lo anterior lo declaró Hernán Cordero Galindo, presidente de la Asociación Civil “Ángel Ciudadano Quintana Roo”, quien dijo que el nulo avance en el ministerio público pueda deberse al actual sometimiento de la Fiscalía General del Estado al Poder Ejecutivo, tal vez a la falta de un plan de acción, o bien a la incapacidad de cortar los vínculos de corrupción al interior de este organismo.
“No avanza nada, los expedientes no pasan como debe ser, no hay suficiente supervisión ciudadana o de algún organismo autónomo para ver su progreso. La Mesa de Seguridad y Justicia no ha querido entrar ahí, para no tener roces con la autoridad, lo que hace a esta mesa completamente inexistente”, sentenció el activista.
Existen herramientas y presupuesto para abordar este problema, pero no hay voluntad para hacerlo. Actualmente, de los hechos cometidos, menos de un punto porcentual quedan resueltos, añadió. Incluso en casos en donde con facilidad se ve quién es el victimario, no hay acción de la autoridad.
“Podemos tener ‘robocops’, que detengan a todo, de forma mágica, con las mejores cámaras del mundo, pero de nada sirve, porque son liberados por la Fiscalía”, lamentó.
Ante el evidente solapamiento que impide que agentes del ministerio público caigan presos, una propuesta sería tener una fiscalía independiente, enfocada en atender quejas ciudadanas sobre el actuar del organismo, lo que sería similar al consejo ciudadano para la seguridad y justicia que existe en la Ciudad de México.
“Ojalá la siguiente gobernadora tenga la voluntad de hacer caso a esta problemática y quiera romper esquemas y ya no quiera controlar a la fiscalía para vigilar a la oposición o para apoderarse de terrenos”, declaró.
En este sentido, indicó que en comparación al gobierno de Roberto Borge con sus excesos y su negativa a cumplir con las obligaciones en materia de procuración de justicia, la administración de Carlos Joaquín siempre será percibida como menos corrupta, pero finalmente el sexenio fue derrotado por la inseguridad y la inacción.
“Con tal de manejar ciertas cosas con estabilidad, puedes destacar temas económicos para lucir bien, aunque más tienen que ver con la iniciativa privada que con tu administración”, añadió.
Parte de los nulos avances también se debe a una falta de voluntad federal para implementar el nuevo sistema de justicia oral, que debía venir con audiencias grabadas abiertas, procesos con celeridad y profesionalización de todas las partes involucradas.
“Existía un convenio para hacer el cambio, pero Enrique Peña Nieto no le dio seguimiento y con el nuevo gobierno, quedó olvidado”, afirmó, estimando que Quintana Roo, que iba en último lugar, habrá logrado un avance del 25% en esta implementación antes de quedar trunco.
Por último, cuestionado por las aseveraciones de James Tobin, integrante del Consejo Nacional de Seguridad Pública, quien declaró que la inseguridad va a la baja y que los ataques armados en hoteles o bares son “eventos burbuja”, Hernán Cordero contestó que son falsedades, pues es muy fácil manejar las cifras a conveniencia.
“Es una lástima que siendo ciudadano tenga las mañas de los políticos para decir que estamos bien. Yo puedo comparar la actualidad con el mes que me convenga, uno con alta incidencia, para así crear una baja, o solo menciono los delitos que bajaron, o bien hablar solo de denuncias, porque éstas han ido a la baja”, criticó.
