Playa del Carmen.- El colectivo feminista “Xtabay”, además de armar la defensa de Nashelli Gutiérrez Pérez, detenida por autoridades de Quintana Roo, con base en una denuncia falsa, también preparan sus propias denuncias, en contra de su ex pareja, pero también en contra del fiscal del caso y los jueces involucrados, al incurrir en violencia vicaria y procesal en contra de esta víctima.
Alma Nashelli Gutiérrez Pérez fue detenida en Playa del Carmen el pasado miércoles, por una orden de aprehensión por el delito de corrupción de menores, por lo que fue separada de su hija y trasladada a la cárcel de Cancún. Ella ya recuperó su libertad, anoche, pero permanece vinculada a proceso, por lo que deberá acudir a firmar periódicamente en lo que dura este juicio, además de continuar separada de su hija de un año de edad, que quedó en la casa de asistencia social del DIF de Solidaridad.
Ariadne Song Anguas, abogada defensora de esta mujer, y vocera de “Xtabay”, señaló que este es un caso clásico de violencia vicario, en el que una ex pareja interpone una denuncia falsa y soborna o usa influencias para que las instancias procuradoras de justicia actúen en contra de una ex mujer, para quitarle la custodia de sus menores, llegando al extremo de encarcelarlas, amenazarlas u obligarlas a que se hagan prófugas.
Para Nashelli, esto significó una denuncia falsa por supuestamente fumar marihuana frente a su hija, sin evidencias fehacientes, solo el testimonio de cuatro empleados de su ex pareja (quien, además de ser dentista cirujano, es administrador del fraccionamiento Real Bilbao), además de un perfil falso en redes sociales, con fotos editadas, y una memoria usb sin cadena de custodia.
Las irregularidades de la Fiscalía no terminan con proceder a judicializar esta denuncia, sin investigar y sin evidencias reales; sino además, la fiscal del caso obtuvo una orden de aprehensión, con el argumento de que Nashelli Gutiérrez estaba prófuga e ilocalizable, a pesar que el Tribunal Familiar la tenía como notificada en su denuncia por violencia intrafamiliar.
“En un caso, la dan por notificada por un cartel pegado en un domicilio que no habita, y en otro, señalan que está prófuga, operando a conveniencia. No hubo ningún labor de investigación, ninguna perspectiva de género, pues ella tenía denunciada a su ex pareja por violencia, sin que ese caso avanzara.”, comentó Ariadne Song. “De forma exprés, la detienen un día y al siguiente realizan su audiencia, con un juez agresivo, que no deja que la defensa exponga sus argumentos”.
La defensa tiene una doble labor, pues además de tener que probar la inocencia de esta víctima, frente a las instituciones del Estado y frente al poder económico de su ex pareja; también debe actuar para denunciar y buscar castigo por la violencia vicaria y procesal que ella vive, lo que significa reunir evidencias de las irregularidades cometidas para presentarlas ante las instancias adecuadas.
VIOLENCIA VICARIA, IMPUNE
El uso de las instituciones gubernamentales para amenazar y perseguir a la mujer ha sido históricamente una herramienta más de sometimiento al alcance de los hombres. Sin embargo, es hasta hace apenas pocos años que comenzó a ser reconocida como un tipo de violencia más, la vicaria. En Quintana Roo, apenas fue tipificada como delito en 2022.
Aunque han transcurrido dos años desde que quedó incluida en el Código Penal, hasta la fecha no hay una sola condena por parte de la Fiscalía General del Estado contra algún agresor. Esto significa que hombres pueden interponer denuncias falsas y sobornar a funcionarios, sabedores de que esta acción queda sin castigo, incluso si no logran su cometido, que es separar a su ex pareja de sus hijos.
En 2024, el Colectivo Xtabay tiene contabilizadas 125 instancias de violencia vicaria, ya denunciadas ante las autoridades, pero sin castigo para los agresores. A esto se suma la “cifra negra” de casos en que las mujeres acceden a las amenazas de sus parejas y permanecen en el hogar, ceden la custodia de sus hijos, o incluso terminan escondidas de la justicia.
Ariadne Song dijo estimar que se han dado al menos 370 casos de violencia vicaria que no han sido denunciados solo este año en Quintana Roo.
Cuestionada sobre qué falta para frenar este fenómeno, que continúa pese a ser ya catalogado como delito, la activista indicó que lo principal es la presión y participación de la ciudadanía, para que no se consumen estos intentos de usar a instancias de gobierno como instrumentos de venganza. Además, es urgente la capacitación de los funcionarios en las fiscalías, y en los juzgados, para que prevalezca la perspectiva de género y el interés superior de la infancia, como ya se exige en la ley.
Un gran cambio, estimó, será la Reforma Judicial, que permitirá reemplazar o sancionar a jueces, al acabarse el inoperante Consejo de la Judicatura, que es más bien un club de amigos, en el que unos se protegen a otros.
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