Tulum.- La falta de respuesta a un cuestionamiento directo por los ilegales permisos otorgado a los dos edificios construidos en la bahía Solimán, por parte de funcionarios de este gobierno municipal, demuestran que su actuar es indefendible y que ya no tienen qué excusa brindar ante las evidencias de la corrupción cometida.
Así lo afirmó Antonella Vázquez Cavedón, presidente de la asociación civil Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), la que ha recurrido a amparos para frenar las construcciones de los proyectos Ademar Tulum y MAIM Tulum en la bahía Solimán, por carecer de permisos ambientales, entre otras irregularidades.
Ambos proyectos cuentan con licencias de construcción emitidas por el Ayuntamiento de Tulum, situación que implica un delito de desarrollo urbano y posibles responsabilidades penales para los involucrados.
Tal vez el temor a implicarse en un tema penal hizo que Lorenzo Miranda Miranda, director de Desarrollo Urbano, prefiriera evadir las preguntas sobre este caso, lanzadas por un reportero en la conferencia “semanera” de Diego Castañón Trejo, presidente municipal de Tulum.
“Parecía como si hubiera repetido una grabación, de un slogan”, comentó la activista en entrevista. “Dijo algo de que en la 4T no hay lugar para la corrupción, pero eso es algo que no solo se dice, sino que se debe demostrar”.
La presidenta de DMAS señaló que la corrupción cometida en Adamar Tulum es quizá la más documentada en Quintana Roo, pues ellos tienen una declaración, obtenida por transparencia, en donde el municipio asevera que el proyecto carecía de una licencia de construcción, en diciembre de 2023.
Sin embargo, en febrero de 2024, ante la demanda presentada por DMAS, Lorenzo Miranda firma un escrito en el que señala que el proyecto cuenta con todos los requisitos de ley, situación que resulta ser falsa, pues un mes después, es clausurado por la Profepa.
Lo más irregular, sin embargo, es que es entonces cuando presentan una licencia de construcción, que el municipio dice que es de febrero de 2024 (después de iniciado el proyecto), pero que, en las fotos obtenidas del mismo, con el mismo folio, se ve que es de diciembre de 2023.
Las irregularidades no terminan ahí, pues el proyecto continuó, pese a la clausura de la Profepa, y ante el mandato de un juez para que el municipio acuda a clausurar, inspectores del ayuntamiento supuestamente colocaron sellos, los que no son visibles en ninguna parte de esta construcción.
La ambientalista señaló que al momento de clausurar la Profepa, esta edificación no tenía colada su primera losa, pero hoy ya cuenta con siete niveles.
Es probable que el desarrollador intente regularizar el proyecto y alegar que ya es un hecho consumado, algo que se desmiente con los hechos.
“Ellos decidieron arriesgar su inversión al construir en un sitio ya con clausura”, afirmó.
Ante toda la evidencia y los documentos relacionados al caso, está claro que el director “no tenía para dónde moverse” y no pudo brindar ninguna respuesta sobre su evidente complicidad en estas construcciones ilegales, indicó la activista.
“Me da gusto que los medios de comunicación cuestionen a la autoridad, pues para eso están, pero sí es llamativo que sea el presidente municipal quien tuviera que pararse para detener esto y acabar con la conferencia”, añadió.
Lo más común habría sido que Diego Castañón saliera a decir que investigaban el caso, pero ni siquiera eso pudo hacer.
La presidenta del DMAS opinó que el ayuntamiento tendrá que aceptar que es demasiada la evidencia y que no pueden negar que no haya corrupción en el caso.
“Es indefendible, aunque pese a todo, el proyecto continúa”, lamentó.
