La directora de la asociación México Evalúa, Mariana Campos, alertó no solo de la aprobación de la reforma al Poder Judicial, sino del paquete que la acompañan con la ampliación de delitos con prisión preventiva y la militarización de la Guardia Nacional.
“Tenemos que ver esta reforma en combinación con las otras reformas constitucionales, es ahí donde vemos el ecosistema donde vamos a estar expuestos como personas: se está ampliando la lista de conductas que pueden ser sujetas a prisión preventiva.
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“¿Y luego vamos a acudir a un juez que no tenga capacidad de defendernos?, porque resulta que no se escogió a un juez con la experiencia y el conocimiento o ¿por qué es un juez que ya se comprometió con el gobierno? ¿Vamos a quedar desamparados? ¿Nuestra libertad dónde va a quedar?”, cuestionó Campos en conferencia de prensa.
Además, continuó, con la aprobación de la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se oficializa la militarización y que a su vez ha ocasionado un aumento de detenciones arbitrarias.
“Entonces nos puede detener un militar de manera arbitraria, podemos estar sujetos a prisión preventiva y luego no tendremos un juez que nos proteja. Tenemos que ver estas reformas en conjunto y el ecosistema que se está creando donde se están mermando nuestros derechos y libertades”, expresó Campos.
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En su intervención, Ana Lilia Moreno, coordinadora del programa de regulación y competencia de México Evalúa, dijo que la discusión en torno a la reforma judicial en la gobernabilidad y en términos de seguridad pública, pero en el aspecto económico hay serias afectaciones.
Entre ellas, dijo, se ponen en peligro fuentes de empleo de los mexicanos, así como la capacidad de recibir inversión extranjera en el país.
“Las afectaciones que observamos van desde la velocidad a la cual se pueden resolver los juicios de todo tipo, -laborales, mercantiles, civiles-, al momento que se plantea la destitución de todos los jueces, magistrados y ministros.
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“Hay evidencia que demuestra con datos que demuestran que a menor tardanza de los juicios mayor crecimiento económico; con una reducción de 100 días en una resolución de juicios mercantiles, los estados de la República han crecido en promedio 0.6% en las actividades donde se ha facilitado más la resolución de conflictos”, aseveró Moreno.
MSA
