La reforma del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que propone reducir de 11 a nueve los ministros de la Suprema Corte y elegirlos por voto popular, no mejorará el Poder Judicial ni garantizará su independencia, advirtieron asociaciones civiles.
En la charla ‘Frente a la propuesta de elegir a los jueces por voto popular: alternativas y propuestas’, expertas coincidieron en que, aunque la participación ciudadana es indispensable, existe evidencia de que el voto popular no es la mejor opción para las designaciones judiciales, como es el caso de Estados Unidos.
Aseguraron que, incluso, podría fomentar la “captura política” al señalar que este tipo de procesos electorales generan poca participación y las personas no votan de manera informada.
Mariana Campos, directora general de México Evalúa, recordó que todos los poderes deben ser transparentes, rendir cuentas y abrirse a la participación ciudadana.
En tanto, Hans-Hartwig Blomeier, representante en México de la fundación Konrad-Adenauer-Stiftung, expuso que las personas juzgadoras son garantes de los derechos humanos y del régimen constitucional, por eso, dijo, la independencia judicial “es un principio elemental del constitucionalismo contemporáneo”.
“Sin poderes judiciales autónomos y jueces independientes, la democracia constitucional está condenada a desaparecer”, enfatizó.
Durante el conversatorio, las expertas coincidieron en que las designaciones judiciales tienen numerosas limitaciones y deben mejorarse.
Señalaron la urgencia de modificar el proceso de designación de los puestos de la Suprema Corte y de fortalecer los requisitos para designar a magistrados y jueces federales, conservando la modalidad del concurso de oposición, además de asegurar una mayor transparencia y participación ciudadana.
Ante ello, presentaron un documento con propuestas para mejorar el actual proceso de designación de los ministros de la Suprema Corte.
Entre las recomendaciones están fortalecer los requisitos y prohibiciones para acceder al cargo, establecer plazos mínimos y máximos para cada etapa del desarrollo de la designación, y prohibir que los nombres incluidos en la primera terna propuesta por el presidente se repitan en la segunda.
Asimismo, sugirieron establecer que la última palabra en caso de vencimiento del plazo o de rechazo de la segunda terna no recaiga en el Ejecutivo sino en el Pleno de la Corte y garantizar la transparencia y máxima publicidad del proceso, así como participación ciudadana.
El paquete de 20 reformas presentado el pasado 5 de febrero por López Obrador se convirtió en el más grande volumen de iniciativas presentado por un presidente en un solo acto desde la promulgación de la constitución más actual de 1917 y que el lunes cumplió 107 años, en el marco del Día de la Constitución.
Con información de EFE
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